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Asesinan a reconocida líder indígena ambientalista en Honduras, se desata indignación

Por Gustavo Palencia

TEGUCIGALPA (Reuters) – Una prestigiosa líder indígena ambientalista de Honduras, conocida por su lucha contra proyectos hidroeléctricos y mineros en tierras de grupos étnicos, fue asesinada por desconocidos la madrugada del jueves, lo que desató una ola de indignación dentro y fuera del país.

Berta Cáceres, una maestra de 43 años, fue atacada a tiros por dos hombres en su residencia en la semi rural ciudad de La Esperanza, unos 180 kilómetros al oeste de la capital Tegucigalpa, pese a que tenía medidas cautelares de protección por haber sido amenazada en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, en el momento de su muerte, la líder de la etnia Lenca y madre de cuatro hijos no estaba protegida porque, según la policía, había cambiado recientemente de domicilio.

El Gobierno hondureño dijo en un comunicado que la policía detuvo a un sospechoso del crimen, así como a dos testigos del ataque, en el que resultó herido también Gustavo Castro, director de la organización mexicana Otros Mundos Chiapas.

Líder y cofundadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Cáceres recibió en abril de 2015 el reconocido galardón ecologista Goldman por su batalla para evitar la construcción de una presa de 50 millones de dólares que amenazaba con desplazar a cientos de indígenas.

La obra, que había sido subcontratada por una empresa local al gigante chino Sinohydro, se encuentra temporalmente paralizada debido a las protestas lideradas por Cáceres.

“He dado instrucciones para que se active la unidad de delitos violentos y se trabaje en coordinación con el apoyo de los Estados Unidos y otros países (…) para encontrar a los culpables”, dijo el presidente Juan Orlando Hernández en conferencia de prensa.

Cientos de estudiantes de la Universidad Nacional de Honduras que protestaban por el asesinato bloquearon calles y atacaron con bombas incendiarias un local de la cadena “Burger King” cercano al campus Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, antes de ser dispersados por la policía. No había hasta el momento reportes de heridos.

Más temprano, más de un centenar de personas se agolparon en la puerta de la morgue de la capital para conocer el resultado de la autopsia oficial, portando pancartas que decían “no más impunidad”, mientras coreaban “justicia, justicia, justicia”.

La policía no ha dicho cuál sería el móvil del crimen, pero la familia y compañeros de Cáceres creen que estaría relacionado con su lucha ambiental en el empobrecido país centroamericano, que tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Pidieron una “investigación independiente”.

Según su esposo Salvador Zúñiga, de quien estaba separado, los dos asaltantes habrían forzado la puerta de su residencia, le dispararon y luego huyeron en un vehículo.

“Es un acto de terrorismo que pretende intimidar a los pueblos indígenas de Honduras. No queda la menor duda que detrás de esto están grupos que quieren apoderarse del agua y la tierra de este país para construir represas y explotaciones mineras”, dijo Zúñiga a Reuters.

AMENAZAS DE MUERTE

Países, organizaciones y entes internacionales lamentaron el homicidio de Cáceres, que se produjo pese a que la activista contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) tras denunciar amenazas desde 2009, cuando se opuso activamente al golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió en su cuenta de Twitter “que se esclarezca el crimen ya”, mientras que el embajador de Estados Unidos en el país centroamericano, James D. Nealon, ofreció su colaboración para investigar el caso.

“He ofrecido todos los recursos de mi gobierno para apoyar los esfuerzos para llevar a estos criminales ante la justicia”, dijo Nealon en un comunicado. El Gobierno confirmó que un equipo especializado estadounidense se sumó a la investigación.

Cáceres se ganó el reconocimiento de activistas de todo el mundo con su lucha de una década contra la represa de Agua Zarca, que incluyó un año de bloqueo de carreteras y enfrentamientos con militares en los que murieron tres de sus compañeros.

Pero también se incrementaron las amenazas contra ella y su familia.

“Me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme, amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos”, escribió la activista en el informe 2015 de la organización Global Witness, que consideró a Honduras el país más peligroso para luchar por los derechos de la naturaleza.

“Es una tragedia que se veía venir”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional Americas. “A menos que las autoridades en Honduras tomen acciones decididas para encontrar a los responsables de este deleznable crimen, tendrán las manos manchadas de sangre”, agregó en un comunicado.

(Escrito por Enrique Andrés Pretel. Editado por Anahí Rama.)

 

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