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LA NECESARIA REFORMA PROCESAL CONSTITUCIONAL

 

DP/Opinión/7-6-2017. Aquellos países que no miden su desarrollo y progreso solamente con las variables del crecimiento económico, sino también mediante el correcto equilibrio de sus instituciones, tienen mayores posibilidades de éxito y posicionamiento global, dentro del ya difícil panorama mundial que existe dentro del concierto de naciones. El caso de nuestro país es de aquellos que requieren encarar políticas públicas que aceleren las trasformaciones jurídicas, políticas y sociales en miras de alcanzar el anhelado desarrollo y perfeccionamiento nacional que por años se nos viene negando por una pluralidad de intereses, dentro de los cuales se encuentra el llamado a la reforma procesal constitucional. Del anterior ejemplo, existen claros ejemplos en nuestras regiones, como el de la hermana República de Colombia y su Constitución de 1991, con un Tribunal Constitucional de tal prestigio, que pareciera ser el principal foro de controversias constitucionales de la América Latina.

Nuestros intentos más cercanos se han materializado efímeramente mediante la creación de la llamada Sala V de Instituciones de Garantías, que por los mezquinos intereses políticos de gobernantes y opositores han creado un sin sabor ciudadano, que ha preferido no volver a discutir sobre la misma y mantenernos con las actuales instituciones arcaicas que en materia constitucional más que otorgar (o por lo menos discutir) garantías ciudadanas, derechos y libertades, pareciera más bien simular un cuerpo de seguridad policiaco que vigila conductas a fin de limitar y restringir derechos.

Necesitamos urgentemente sacar de las manos de los Tribunales Civiles y del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, instituciones constitucionales como la Acción de Amparo de Garantías, así como la novedosa Acción de Habeas Data debido a que la percepción civilista del derecho parece tener secuestrada estas instituciones, en donde a la primera de ella se le tiene como destino, ser un remedio a la problemática que se genere sobre debido proceso y a la segunda para que se acceda a la solicitud de información que no respondan las agencias ejecutivas en razón de su propia inoperancia.

Por otro lado, la Acción de Habeas Corpus, encuentra sus posibilidades de viabilidad de mano de los Tribunales Penales, que todavía aún con la llegada de un Sistema Procesal Penal Acusatorio no entienden la filosofía de dicha institución constitucional y la mantienen enquistada como una acción exclusiva del derecho penal, lo cual no aporta al anhelado desarrollo jurídico nacional.

Es momento de abocarnos a una reforma procesal constitucional que desde el texto fundamental otorgue un nueva cara al Poder Judicial alejado de los intereses políticos de la Corte Suprema de Justicia, de lo contrario estamos destinados al fracaso.

 

AUTOR: Felix Paz Moreno,

Abogado especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos

Profesor Universitario

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