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Fiscal en caso pinchazos pidió la condena de Ricardo Martinelli

 

El expresidente estableció un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado Social y Democrático de Derecho, quienes tenían pleno conocimiento de la ilicitud de estas actividades y sin amparado de orden judicial, realizaron interceptaciones de las comunicaciones electrónicas.

DL/Política/9-7-2018-El magistrado fiscal, Harry Díaz, sustentó la acusación contra el exmandatario panameño Ricardo Martinelli, y pidió al magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejia, la condena por los delitos que se le imputan.

Díaz procedió a leer el escrito de acusación que presentó el 9 de octubre de 2015, en el que pide una condena de 21 años de prisión, por la presunta comisión de cuatro delitos: interceptación de las comunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial; peculado por malversación o sustracción, y peculado de uso.

Según sustento el magistrado fiscal estos delitos se habrían cometido utilizando recursos y personal del Consejo de Seguridad Nacional, desde el año 2012 hasta mayo de 2014.

“Para las actividades ilícitas, violatorias de los derechos humanos de un número plural de ciudadanos panameños, se estableció por parte del expresidente y hoy diputado del Parlacen, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, un aparato organizado de poder que actuaba al margen del Estado Social y Democrático de Derecho”, precisó el magistrado fiscal en su escrito de acusación.

Señaló que a través de este aparato de poder se daban las instrucciones para que funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional quienes “tenían pleno conocimiento de la ilicitud de estas actividades y sin amparado de orden judicial, realizaron interceptaciones de las comunicaciones electrónicas, en sus distintas modalidades, vigilancia y seguimiento de personas, las causales denominadas objetivos, ciudadanos éstos que pertenecían a distintos grupos”.

Más temprano el abogado Roniel Ortiz, del equipo legal de Martinelli presentó tres supuestas indefensiones que impedían el derecho de defensa a su cliente. La primera solicitud estuvo relacionada a una supuesta infracción de derecho de defensa debido a la falta de traducción al español de documentos, sin embargo el magistrado Mejía consideró que la no traducción no generaba una indefensión.

Dijo además, que si bien es cierto la norma establece que el documento debe estar en español, durante la audiencia de comunicación no fue necesaria una traducción porque los intervinientes demostraron comprender lo que estaba escrito en el idioma inglés, además que de acuerdo a la premisa, si no hay una objeción no representa una infracción.

El magistrado también rechazo una solicitud de infracción por la supuesta violación a los derechos humanos del investigado, toda vez que no recibió la atención médica necesaria y se le prohibió el acceso a su abogado, argumentando que tras su llegada a suelo panameño extraditado de Estados Unidos, Martinelli fue llevado en helicóptero al centro penitenciario El Renacer donde fue evaluado, y en menos de 24 horas fue trasladado ante el juez de Garantías.

La tercera y última de las solicitudes negadas a la defensa fue la referente a que Martinelli no tiene acceso a escoltas del Servicio de Protección Institucional (SPI) por su calidad de expresidente, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 55 de 1996. Sobre este tema, Mejía dijo que este no es un derecho fundamental y lo que concierne a las condiciones de los privados de libertad es competencia del Sistema Penitenciario, por lo cual esto no representa una privación de derecho alguno.

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